Dahlia Scheindlin, Haaretz, 20 de marzo de 2024

El gobierno de más extrema derecha en la historia de Israel nunca renunció a su batalla contra la democracia liberal. Y la guerra es un buen momento para una toma del poder

El 1 de enero, la Corte Suprema de Israel derogó la ley que abolía el estándar de razonabilidad, el único elemento del programa de asalto a la Justicia que el gobierno de Netanyahu logró que fuera aprobado. Pero los israelíes prodemocráticos, agotados por 39 semanas de incansables protestas a lo largo del año 2023, se vieron aún más descorazonados por el trauma del 7 de octubre y la guerra de Gaza. Esperaban que al menos el ataque del gobierno contra el poder judicial hubiera muerto para siempre.

Pero no es así. La “reforma judicial”, revelada con fanfarrias en enero de 2023 por el Ministro de Justicia del Likud, Yariv Levin, nunca fue un fin en sí misma sino que fue un medio para lo que los israelíes ahora llaman la “hafijá mishtarit, el “golpe del régimen”. El gobierno de más extrema derecha en la historia de Israel nunca renunció a su batalla contra la democracia liberal. Y la guerra es un buen momento para una toma del poder.

El objetivo general del gobierno es “restringir aún más las libertades democráticas y pasar a un gobierno más autoritario”, dice Limor Yehuda, jurista e investigador del Instituto Van Leer de Jerusalén. Y Adam Shinar, profesor de derecho constitucional de la Universidad Reichman, me describió el golpe del régimen como cualquier cosa que el gobierno hace para “fortalecer su poder a expensas de otras ramas del gobierno, incluida la Knésset y el servicio [público] profesional”.

La verdadera pregunta, por lo tanto, es cómo el Poder Ejecutivo, específicamente el gobierno de Netanyahu previo a la guerra se está insertando en otras ramas del gobierno o del sector público. La respuesta es: de forma continua. Los ejemplos llegan demasiado rápido para poder mantenernos al día.

La legisladora laborista Efrat Rayten está profundamente alarmada por los proyectos de ley y las decisiones gubernamentales que extienden el control del Poder Ejecutivo, muy a menudo por fuera de los titulares periodísticos y por debajo del radar debido a la guerra. Se desempeñó en el Comité de Nombramientos Judiciales bajo el “gobierno de cambio” de 2021-22 dirigido por Naftali Bennett y Yair Lapid.

En esta misma semana, la Kneset aprobó una ley que aumenta el número de representantes de los ministerios del gobierno en los comités de planificación y construcción. Se trata de ministerios encabezados por gemelos políticos de extrema derecha, el sionismo religioso y Otzma Yehudit (los partidos de Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, respectivamente). Esto puede sonar como un tecnicismo banal, pero así es como la toma del poder avanza imperceptiblemente sin ser detectada.

Gayil Talshir, politóloga de la Universidad Hebrea, dijo en una entrevista que la esencia de la toma de poder iliberal está priorizando la lealtad política por sobre la profesionalidad. Señaló que el Ministro de Educación, Yoav Kisch, ha respaldado los nombramientos para el Consejo de Educación Superior con el fin de llenar los cargos de este organismo independiente que supervisa las políticas de educación superior con los partidarios de la revisión judicial, reduciendo así su independencia. Un proyecto de ley diferente propone eximir a los reservistas militares de realizar los cursos necesarios para sus respectivos grados, destacando la desestimación del conocimiento profesional. Esto es algo muy irónico, dijo Talshir, ya que el ministro de educación es de profesión piloto.

Las administraciones de las  universidades pueden recurrir a la autogestión política, señaló. Cuando una campaña de extrema derecha atacó a la socióloga de la Universidad Hebrea Nadera Shalhoub-Kevorkian por hacer declaraciones contra la guerra en una entrevista de podcast, además de acusar a Israel de genocidio y poner en duda la violencia sexual de Hamás, la administración de la universidad decidió suspenderla sin esperar al gobierno ni anticipar presiones políticas.

La interferencia política en otros niveles de gobernanza está tornándose fuera de control. En diciembre, el director de la Autoridad de Empresas Gubernamentales renunció después de que un ministro del Likud, David Amsalem, básicamente se apropiara de sus facultades. La Autoridad gestiona a las empresas responsables de los principales recursos e infraestructura de Israel, pero Amsalem no pudo evitar la oportunidad dorada de repartir empleos y comprar lealtades políticas. Ben-Gvir ha interferido tan profundamente en las actividades profesionales de su Ministerio de Seguridad Nacional y en las decisiones policiales operativas, tanto antes como durante la guerra, que el personal superior ha renunciado y el Fiscal General le ha advertido a Ben-Gvir que se contenga.

Esta semana, el Ministro de Finanzas Smotrich lanzó un feroz ataque contra el Jefe del Estado Mayor de las FDI por atreverse a promover los nombramientos de alto nivel del ejército, como es su derecho. (Los nombramientos finalmente siguieron adelante, pero los ataques retóricos contra el ejército ayudan a desviar la culpa del 7 de octubre hacia los militares en lugar de hacia el gobierno).

El lunes, el gobierno intentó avanzar en la legislación que transfiere la facultad de las autoridades locales para nombrar rabinos locales al Ministerio de Servicios Religiosos, que está en manos del partido teocrático y amiguista Shas. Ya no importa el espectáculo ya de por sí bizarro pero permanente de una democracia putativa que nombra clérigos: el gobierno está tratando de centralizar y profundizar su control teocrático. Tras las divisiones en la coalición gobernante, la legislación quedó en pausa, por ahora…

El mismo día, Simja Rothman, del Sionismo Religioso, un defensor clave del asalto a la Justicia, desató un virulento ataque contra el ombudsman judicial saliente, el ex juez de la Corte Suprema Uri Shoham. Rothman criticó la candidatura de Shoham para liderar el comité asesor que revisa los nombramientos gubernamentales de alto nivel, como el jefe del estado mayor de las FDI, el jefe de policía y el gobernador del Banco de Israel.

Rayten, del Partido Laborista, calificó el ataque como una “emboscada” por parte de los “apoderados” de Rothman, ya que la diatriba contra Shoham fue liderada por el Movimiento por la Gobernanza y la Democracia (fundado por Rothman), el movimiento maccarthysta Im Tirtzu y el movimiento Torá de Combate, sean quienes sean, entre otros. El objetivo es claro: denunciar a los jueces y nombrar figuras amigables con el gobierno para aprobar los nombramientos amigables que hace el gobierno.

La visión que impulsa todos estos esfuerzos es clara: poblar a todo el sector público, desde la autoridad sobre las empresas gubernamentales hasta los consejos de planificación territorial y los rabinos, con personas fieles al régimen a medida que el gobierno extremista expande su poder y alcance, al tiempo que profundiza más y más su agenda ideológica dentro de la sociedad.

Y la semana aún no ha terminado.

Otros aspectos del asalto a la justicia nunca murieron del todo. El Ministro de Justicia Levin quería desesperadamente rediseñar el Comité de Nombramientos Judiciales para consolidar el control político sobre el país. Sus maquinaciones fracasaron, pero como jefe del panel, retrasó la convocatoria del Comité a lo largo de 2023 a pesar de las importantes vacantes existentes en los tribunales de Israel.

Cuando el Comité finalmente comenzó a trabajar a fines de 2023, su ritmo fue extremadamente lento y los miembros de extrema derecha bloquearon a los candidatos considerados demasiado indulgentes con la comunidad árabe. Y lo más preocupante es que Levin se niega a llenar dos vacantes de la Corte Suprema o a nombrar un presidente permanente de la Corte. Rayten dice que Levin utiliza el cargo de presidente del tribunal como “rehén” para garantizar el nombramiento de jueces amigables con el gobierno en reemplazo de dos juezas liberales recientemente jubiladas, Esther Hayut y Anat Baron.

Después de un año en el centro de una controversia tóxica, la asediada Corte Suprema de Israel parece tener cautela con llevar la antorcha de la oposición y se ha mostrado especialmente reacia a oponerse a las acciones del gobierno que amenazan los derechos de los ciudadanos durante la guerra.

Yehuda, el jurista, citó el fallo de la Corte Suprema el mes pasado que desestimó una petición para anular el nombramiento de Ben-Gvir como ministro de seguridad nacional sobre la base den sus antecedentes penales: 15 acusaciones y 13 condenas, algunas por apoyar el terrorismo judío.

Shinar, el profesor de la Universidad Reichman, observó que la contención judicial durante una guerra no es exclusiva de Israel. Pero el título clínico de un artículo inédito de su autoría, “Revisión constitucional, la guerra en Gaza y el rompecabezas de la movilización cívica en Israel”, induce a confusión: es una lectura que induce al pánico y que recopila todos los ataques en tiempo de guerra contra las libertades civiles en Israel. Y desde su primera versión, redactada en diciembre, la lista ha crecido.

La libertad de prensa ya estaba amenazada por un paquete de “reformas” que el Ministro de Comunicaciones intentó hacer avanzar antes de la guerra, debilitando a la emisora pública y empoderando al canal competidor nacionalista, hipe-rleal con el gobierno. Y ahora el Ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, del Likud, ha aprovechado la guerra para presentar propuestas aún más draconianas para reprimir las libertades de los medios de comunicación, subvencionar la incitación y consolidar la propaganda progubernamental, todo ello al amparo del estado de emergencia en tiempos de guerra.

Las autoridades locales y nacionales están pisoteando la libertad de expresión y de manifestación. La policía ha prohibido efectivamente las protestas contra la guerra en las ciudades árabes, y la Corte Suprema ha respaldado a la policía. La policía también ha prohibido las protestas contra la guerra en Tel Aviv en determinados momentos, y solo ha permitido a regañadientes manifestaciones contra la guerra por parte de activistas árabes o de izquierda.

El debido proceso es otro objetivo. Al principio de la guerra, el gobierno promulgó leyes de emergencia temporales que permiten que los detenidos permanezcan en prisión hasta 90 días sin acceso a un abogado, mientras que otra ley de emergencia permite niveles más altos de hacinamiento en las prisiones, contrariamente a los fallos judiciales anteriores. Pero la Corte Suprema confirmó estos actos.

La Corte también ha rechazado al menos cuatro escalofriantes peticiones de hábeas corpus con respecto a los habitantes de Gaza que habían sido detenidos de incógnito, incluida una esta semana. Entre ellos se encontraban dos periodistas de Gaza capturados el 7 de octubre, mientras que otras tres peticiones involucraban a cientos de habitantes de Gaza que tenían permiso para trabajar legalmente en Israel antes del 7 de octubre. Estos fueron anulados, y miles de habitantes de Gaza se encuentran básicamente desaparecidos, mantenidos de incógnito. Muchos fueron liberados en noviembre, lo que hizo que algunas de las peticiones judiciales fueran irrelevantes.

Después de la presentación de peticiones judiciales por parte de Gisha, HaMoked y otros grupos de derechos, HaMoked escribió: “nunca antes la Corte había manejado con tan flagrante desacato las peticiones de recurso de hábeas corpus”.

Y yo me pregunto: ¿Podría yo también ser detenida o desaparecida algún día?

Muchos israelíes dirán que estas cosas son medidas temporales de guerra impuestas al país y que no reflejan el verdadero carácter democrático de Israel. Pero los intentos frenéticos de toma del poder por parte del Poder Ejecutivo dicen lo contrario. Como dijo Rayten, este gobierno representa “[objetivos] basados en la fe, nacionalistas, anexionistas, quiere controlar a los palestinos”.

Sobre la agresión judicial, el ex-legislador laborista Stav Shaffir escribió esta semana @X: “Las modificaciones judiciales y la cuestión palestina estaban vinculadas entre sí en cada acción, en cada decisión y definitivamente en los motivos… Fue la causa raíz “. Incluso si el gobierno actual cae, las distorsiones a largo plazo de conceptos como el estado de derecho y la justicia no son menos ruinosas para la democracia.

Incluso el grupo de evaluación de la democracia V-Dem, con sede en Suecia, ha degradado a Israel de una democracia liberal a una democracia (exclusivamente) electoral, después del año del asalto de Benjamin Netanyahu a la democracia. Pero los israelíes debemos darnos cuenta de que el mismo sistema que perpetra violaciones impulsadas por la ocupación va a venir por nosotros. El régimen militar autoritario está en el ADN de lo que hemos llamado democracia; el gobierno actual es su extensión natural.

Si el gran movimiento democrático de Israel no lo ha aprendido hasta ahora, mientras la guerra se come lo que queda de los valores democráticos, entonces poco podrá salvarnos.

Traducción: Daniel Rosenthal